POR QUÉ NO PONEMOS A TRABAJAR EN NUESTRO BENEFICIO LAS BASES DE DATOS EXISTENTES?

Existe una serie de certificaciones y bases de datos desperdigadas y que no sirven por no estar relacionadas, además de ser de difícil acceso y con costo en tiempo y dinero.

Necesitamos hacer una base de datos que no ponga en riesgo nuestra seguridad y que trabaje en beneficio de los ciudadanos.

A continuación expondré varios ejemplos de bases de datos, que si pudieran enlazarse al procece, harían oportuna y útil su implementación en beneficio de todos.

·      Constancia de no antecedentes penales, que si mal no recuerdo, solamente la entregan al interesado.

·      Buró de Crédito que permite conocer el estatus crediticio del interesado y tampoco puede accesarse por los particulares para obtener información de un tercero.

·      Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que aunque es público, hay que acreditar un interés de negocio para poder obtener información de un tercero.

·      Base de datos del Instituto Federal Electoral.

·      Certificaciones Ciudadanas estatales que otorgan el Reconocimiento y/o Premio Excellentia, que son entregados en evento oficial presidido por el C. Gobernador Constitucional del Estado.

Adicionalmente, existen varios intentos por hacer un acopio de información que resulta necesaria para verificar cada vez nuestra más grande y compleja sociedad.

Citaremos como ejemplos:

El Registro Nacional de Desaparecidos: La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó un dictamen para crear el Registro Nacional de Niños, Adolescentes y Adultos Desaparecidos para contar con una herramienta de investigación abierta a los tres órdenes de gobierno. 

Se está buscando una Certificación Policial que permita conocer, sancionar o reconocer a los elementos policiacos y darle una herramienta a la sociedad para poder conocerlos e incluso podernos conectar con ellos como sociedad.

Anexo interesante nota periodística de Ernesto López Portillo sobre esa certificación.

Certificación policial ciudadana

27 de febrero de 2011

Ernesto López Portillo Vargas nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1968. Es fundador y Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C., mejor conocido como Insyde. Es además Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En 1990 ingresó al Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde se involucró en investigaciones internacionales comparadas sobre la policía, la seguridad pública, el sistema de justicia penal y la delincuencia organizada. Casi 20 años después sus actividades profesionales están centradas en la construcción de políticas y cuerpos de seguridad eficaces, eficientes y democráticos.

La crisis generalizada de la policía en México tiene que ver directamente con su distancia de la gente. Cuando la policía está sola funciona mal, cuando está acompañada por la gente funciona bien. Por ejemplo, si usted no sabe quién es responsable de vigilar la zona donde vive, las cosas van mal; si en cambio usted sabe quién está a cargo y tiene acceso a esa persona para pedirle explicaciones, para conocer lo que hace y cómo lo hace, entonces las cosas van bien. Si usted no tiene forma de participar en la evaluación del servicio policial que recibe o debe recibir, las cosas están mal; si por el contrario, su opinión cuenta para que la policía mida la calidad de su desempeño y resultados, entonces podremos decir que la situación es la correcta. Lo mismo pasa si usted cuenta o no con la oportunidad de reconocer y agradecer a la policía por lo que hace. El más importante de los pendientes que tienen la mayor parte de las instituciones policiales es acercarse a la gente; nada, ni el mejor equipo y tecnología tiene el mismo potencial de éxito. Tengo evidencias para afirmar que nuestra policía no habla regularmente con la gente en general y con la sociedad civil organizada en particular, para juntos construir soluciones a la inseguridad (así lo confirmé con decenas de mandos policiales reunidos hace unos días en sesión escolar). Cuando esto cambie, seremos testigos de la multiplicación de proyectos exitosos de seguridad; en sentido inverso, mientras las instituciones policiales y la gente repitan la práctica de trazar una distancia recíproca, todos perderemos, excepto claro, quienes viven de la inseguridad. Buena parte del mundo ya lo entendió así; por eso, la denominada policía de proximidad es el esquema que más se viene extendiendo a lo largo del orbe. Tender puentes entre la policía y la gente demanda cambios en la forma de pensar y actuar de ambas partes. En nuestro medio no parece fácil, porque en muchas ocasiones ello implica superar profundas brechas de desconfianza. Uno de los caminos para acercar a la policía y las comunidades es la certificación policial independiente. En la experiencia internacional se trata de un mecanismo de evaluación que aplican sobre la policía autoridades diversas a ésta o grupos de ciudadanos y que puede derivar en un reconocimiento formal expresado en la forma de un certificado. Los antecedentes de la certificación policial independiente se remontan a la década de los 70 en EU. El mecanismo se lleva a cabo mediante procedimientos especializados y en general es voluntario. Su fuerza reside en el potencial de mejora de las prácticas policiales y en la verificación transparente y pública de que la policía hace esfuerzos explícitos para hacer su trabajo de manera profesional. En México está regulada la certificación que hace la autoridad sobre las y los miembros de la policía. Esa es la certificación oficial y tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución, donde se establece que todos los miembros de los cuerpos de seguridad deberán estar certificados. Por su parte, la certificación policial independiente que ha comenzado a operar en nuestro medio también se fundamenta en el mismo artículo, donde se prevé la participación de la comunidad para evaluar a las instituciones de seguridad pública. La primera, por mandato de ley, evalúa si una persona puede o no fungir como policía. La segunda, por común acuerdo entre la policía y la sociedad, evalúa si una institución policial tiene o no los procedimientos mínimos necesarios en función de la experiencia internacional comúnmente aceptada. En el diseño institucional típico de un Estado democrático de derecho la policía se autoevalúa y es evaluada desde el exterior de muchas formas. En México, ambos procesos están en etapa germinal. La certificación policial obligatoria de las personas nació en 2008 y hasta el 2010 en el norte del país se dieron los primeros dos casos de instituciones policiales preventivas estatales que decidieron buscar la certificación policial independiente de sus procedimientos, procesos ahora mismo en curso (les antecede una aplicación piloto sucedida en el 2009 en otra institución similar). Todos esperamos que los severos rezagos y deficiencias en la certificación oficial a nivel nacional sean gradualmente superados; al mismo tiempo, la certificación independiente debe tomar carta de ciudadanía. Se trata de una iniciativa técnica, no partidista, profesional y con enorme potencial para apoyar en la urgente reconciliación de nuestra policía con las comunidades a las que se debe. Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde)